Uno de cada cuatro españoles estaría dispuesto a convertirse en autoconsumidor, según Greenpeace

 

Según el estudio, que ha contado con una muestra de 3.000 internautas de entre 25 y 65 años, además, el 30,9% de las personas entrevistadas querría ejercer “su poder de compra” y escoger un nuevo proveedor de electricidad que “garantice una producción y venta sólo de renovables y de propiedad distribuida “en las manos de los ciudadanos”.

Entre las razones que, según el estudio, motivan a estas personas a dar el cambio en su tipo de consumo, están “el efecto positivo” de sus acciones para el medio ambiente, el “precio justo” de la energía y el hecho de “evitar las puertas giratorias en grandes eléctricas”, mientras que lo que les une es “el hartazgo” hacía las compañías.

La ideología política no es determinante

Además, de acuerdo con el informe, la orientación política entre los españoles interesados en invertir en energías renovables (a través del autoconsumo, cooperativas o como inversores) “no es determinante”. En este sentido, el 12,7% de los encuestados que han señalado que votan al PP (346) tienen predisposición “alta” a cambiarse; de Ciudadanos (436), el 14,4%; de el PSOE (342), el 14,6%; y de Unidos Podemos (681), el 14,4%.

El estudio, que se enmarca dentro de la campaña ‘Misión, salvar el Clima’ de la organización, también revela que el 54,4% de los encuestados estaría predispuesto a ser coopropietario de una instalación de energías renovables y un 12,1%, adoptaría el rol de ciudadano inversor que participa con sus ahorros en plantas de generación.

Para el responsable de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, estos datos muestran que la “energía colaborativa y ciudadana tiene que tomar un rol protagonista en el nuevo modelo energético europeo, y España se está quedando atrás aunque estamos a la espera de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan de Energía y Clima 2030 “.

“En nuestro país todo está en manos de las eléctricas”, ha continuado García, al tiempo que ha destacado que “estas grandes compañías se están viendo desfasadas por el nuevo elemento que ha aparecido en el tablero: una ciudadanía que quiere participar, algo que ocurre en otros países como en Alemania, donde la mitad de la generaación renovable está en manos de la ciudadanía”.

Por ello, ha subrayado que “promover la participación ciudadana es técnicamente viable” y “debe ser un derecho”. El año pasado se h izo un estudio de la participación ciudadana a nivel europeo y se llegó a la conclusión de que la mitad de la población podría ser autoproductora en 2050, y en el caso español, hasta un tercio. “Y este tercio podría abastecer hasta el 50% de la electricidad necesaria para el país”, ha aseverado el experto.

El autoconsumo, una opción cada vez más viable

Por su parte, la responsable de campaña de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha señalado que una de las principales conclusiones de este estudio es “el desconocimiento” de la población. En este sentido, ha aseverado que, en contra de lo que cree mucha gente, “el autoconsumo no está prohibido”. La ciudadanía “se siente robada en la factura de la luz, pero no sabe cómo ponerle remedio”, ha continuado.

A juicio de la responsable de la ONG, este desconocimiento forma parte de una “estrategia de las compañías y el Gobierno para mantener desinformada a la población”, según ha indicado. “Es inaceptable que se pongan barreras a la democratización de la energía”, ha añadido.

Por otro lado, la presidente de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España e integrante de Rescoop (Federación Europea de Cooperativas de energía Renovables), Erika Martínez, ha asegurado que en los últimos 10 años, España ha conseguido hasta 75.000 socios de compañías cooperativas de sistemas renovables, mientras que a principios de este año, “el número se ha triplicado”.

Para Martínez, el principal obstáculo de la participación ciudadana es “el entorno jurídico”. Por ello, ha dicho que, la ley que se está preparando en España debería “derogar el impuesto al sol”, desarrollar el I+D+i en renovables, incrementar los objetivos de eficiencia energética y poner en marcha el denominado ‘balance neto’, para que los productores sólo paguen la diferencia de lo que han necesitado de la red o reciban lo que han volcado.

Greenpeace considera que este tipo de estudios deben ser llevados a cabo por los organismos públicos para “sondear a la población”, por lo que ha instado al Gobierno a que lo lleve a cabo en próximos años.

 

FUENTE: EL PERIODICO DE LA ENERGÍA